El Tribunal Oral Federal Nº 4 consolidó las penas firmes contra el empresario en los casos por lavado de dinero y fraude en la obra pública, respectivamente. También se le impuso una multa de 329 millones de dólares
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 fijó este viernes una única pena de 15 años de prisión para el empresario Lázaro Báez tras compaginar las condenas firmes que tenía en su contra en dos causas vinculadas a maniobras de corrupción. La decisión reúne la pena de 10 años de cárcel que había recibido por lavado de dinero en el caso conocido como la “Ruta del Dinero K” y la de 6 años que se le impuso por fraude en el expediente de “Vialidad”, en el que fue juzgado junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz.
Para fijar el monto, el tribunal analizó los hechos y las pruebas de ambas actuaciones. En el expediente por lavado de dinero se tuvo en cuenta “el monto millonario de la maniobra atribuida a Lázaro Antonio Báez (equivalente a U$D 54.800.000)”, el dominio que tuvo sobre esos fondos y los mecanismos que utilizó para disimular su origen.
Los magistrados señalaron que el condenado se valió de “recursos y mecanismos que importan el abuso y manipulación de las formas jurídicas instituidas legalmente para fines lícitos, constituyendo sociedades pantallas (Shell Company) en jurisdicciones extranjeras consideradas por entonces como paraísos fiscales, a las que recurrió como personas jurídicas interpuestas y procurando el anonimato y secretismo que todo ello importó, y las utilizó como vehículos corporativos, como ser Teegan Inc., Fromental, Tyndall, Helvetic Servicess Group, Marketing & Logistic, entre otras”.
En cuanto al expediente de «Vialidad“, la condena se había dictado por fraude a la administración pública por el direccionamiento de 51 contratos de obra vial en la provincia de Santa Cruz. El tribunal que ahora resolvió la unificación valoró el “daño causado en la suma de $84.835.227.378,04 (actualizados al 6 de diciembre del año 2022), lo cual demuestra la gravedad y enorme afectación al bien jurídico tutelado por la norma cuyo reproche se le atribuyó al condenado».
“Además, la complejidad y variedad de medios empleados en aquellas maniobras, en las que se utilizaron recursos estatales (normativos, burocráticos y de control) con un objetivo que desnaturalizó sus fines fundacionales, como así también, la prolongación en el tiempo de la conducta reprochada (12 años de forma ininterrumpida), resultan ser también aspectos que reflejan la gravedad y magnitud de los hechos allí corroborados», explicaron los jueces Basílico, Costabel y Canero.
